Mayores garantías a nivel de solvencia para las constructoras y una sofisticación del mercado asegurador para responder a las consecuencias del cambio climático y a la aplicación de nuevas técnicas, son parte de los cambios que ha traído la expansión de proyectos altamente regulados.
Ante la expansión de proyectos industriales, energéticos y urbanos cada vez más complejos, los desarrolladores chilenos enfrentan una nueva capa legal y técnica que redefine las condiciones para construir y asegurar.
Hoy existe ‘una creciente percepción respecto de los riesgos legales asociados a los proyectos’, dice el académico de derecho administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Eduardo Cordero, particularmente a raíz de pronunciamientos de órganos administrativos y judiciales ‘que han implicado cambios sustantivos de criterio, muchas veces sin un proceso de transición que permita una adecuada adaptación temporal’. Entre los factores que han impulsado la mayor exigencia de seguros, garantías y mecanismos de mitigación, Cordero detalla que no solo han influido los mayores costos asociados al financiamiento o los retrasos en los pagos vinculados a proyectos impulsados desde el sector público, sino también los aspectos ambientales que continúan generando contingencias relevantes.
El socio líder del grupo de derecho público y mercados regulados de Albagli Zaliasnik (az), Antonio Rubilar, explica que ‘no es que la normativa reciente esté generando mayores exigencias’, sino que muchos mandantes y contratistas tuvieron problemas vinculados con la pandemia, el estallido social y el cambio en los precios de los insumos. Y, en ese escenario, ‘sobre todo a nivel de solvencia de las constructoras, se están exigiendo mayores garantías como consecuencia de que muchas empresas constructoras están teniendo dificultades financieras con su flujo de caja’, precisa Rubilar y añade que ‘la negociación está poniéndose difícil’, dada la percepción acentuada de riesgo que existe por las partes en relación con los permisos.
En cuanto a los vacíos normativos, Cordero plantea que ‘sería interesante explorar sobre el régimen de responsabilidad por parte de los autoridades urbanísticas’, especialmente en los casos en que se han adoptado medidas que posteriormente se declaran ilegales y generan un enorme perjuicio, muchas veces derivados por la paralización de obras o en el retardo de los proyectos. Por su parte, Rubilar apunta al exceso de permisos, regulaciones y agencias ‘poco coordinadas y criterios variables entre autoridades’, lo que causaría demoras e incertidumbre jurídica. La mirada aseguradora La directora técnica y productos de Reale Seguros, Andrea Lepe, detalla que las empresas de ingeniería son las que ‘toman seguros de responsabilidad civil profesional y garantía de fiel cumplimiento en las etapas de estudio, así como de responsabilidad civil, accidentes personales y de las líneas de ingeniería en etapas más avanzadas de ejecución’.
En ese sentido, destaca que las coberturas han ganado sofisticación para adecuarse al estándar regulatorio y a la aplicación de nuevas técnicas. Además, el aumento en la intensidad y en la frecuencia de los desastres naturales, ‘hace más complejo poder determinar los importes de prima a cobrar por un proyecto, considerando que uno de alta complejidad -como por ejemplo el puente Chacao, una nueva mina de cobre, una planta de energía hidráulica, entre otros-, son proyectos de tres o más años’, señala Lepe. En el sector energético, ‘la mayor demanda proviene hoy de la construcción de parques fotovoltaicos, que concentran una parte relevante de los programas de seguros de construcción’, afirma el director de riesgos corporativos de Southbridge Seguros, Héctor Gacitúa. Junto a las coberturas tradicionales de ‘todo riesgo construcción y montaje’, asegura que en esta industria se observa un énfasis especial en los amparos de robo y riesgos de la naturaleza, particularmente incendios forestales e inundaciones.
Mientras, en el sector industrial, ‘predominan proyectos como centros de distribución, bodegas y ampliaciones de plantas manufactureras’, expone Gacitúa, donde nuevamente el estándar es contratar programas de todo riesgo, junto a responsabilidad civil y coberturas específicas según el giro y la exposición de cada riesgo. Bajo la mirada del ejecutivo, el ‘riesgo nuevo más desafiante’ que se está observando en proyectos de energía son los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, conocidos como BESS (Battery Energy Storage Systems). ‘Concentran varias complejidades: no existen aún estándares consolidados ni sistemas de protección contra incendio plenamente maduros para este tipo de instalaciones a la escala a la que se están desarrollando’, plantea Gacitúa, y añade que los mercados de reaseguro todavía están adaptando su apetito y condiciones a estas tecnologías. ‘No es que no se puedan asegurar, pero sí requieren ingeniería de riesgo especializada, análisis profundo y una articulación precisa de capacidades’, concluye.
Fuente: El Diario Financiero – Edición Especial
