La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 9,5% durante el trimestre móvil de mayo a julio de 2026, según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se trata del nivel máximo de los últimos cinco años.
En el trimestre móvil anterior terminado en junio, la desocupación se había ubicado en un nivel similar: 9,4%.
Ante este escenario, que ha sido calificado como de crisis o emergencia laboral por los especialistas, el Gobierno decidió adoptar medidas para intentar mitigarlo.
A finales de agosto, la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón de un cambio en el decreto N° 28 de 2011, del Ministerio del Trabajo, que incorpora una nueva línea de acción denominada “Línea de activación laboral para regiones con alto nivel de desempleo”, con el fin de apoyar la contratación formal de nuevos trabajadores por parte de empresas privadas, mediante el otorgamiento de una bonificación a estas compañías en aquellas regiones del país en que se configure un mes del último trimestre igual o superior a 10% de desempleo; dos meses del último trimestre con un promedio de desempleo igual o superior a 9%; último trimestre con un promedio de desempleo igual o superior a 8% y/o un último trimestre con un promedio de desempleo femenino y/o joven igual o superior a 10%.
En el Ejecutivo recuerdan que similares ayudas se activaron durante la pandemia.
Según el decreto, todas las regiones están en esta condición: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, Ñuble, del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Misma situación se da en “las regiones de Antofagasta, Los Lagos, Aysén y Magallanes y Antártica Chilena”, dice el documento.
Medida de 25 mil cupos se aplicará vía una bonificación mensual del 50% de un ingreso mínimo mensual por cada nueva contratación de trabajadores y del 60% por cada nueva trabajadora.
El beneficio se aplicará mediante una bonificación mensual del 50% de un ingreso mínimo mensual por cada nueva contratación de trabajadores y del 60% por cada nueva contratación de trabajadoras, cuando estas personas no hayan formado parte de su dotación en los tres meses anteriores a la fecha de inicio de la relación laboral que da origen a la bonificación establecida para la “Línea de Acción”.
Vía el Sence, se aplicará para un máximo de cupos, por un plazo de hasta 4 meses.
La mayor parte de las bonificaciones se concentran en la R. Metropolitana y Valparaíso (ver gráfico).
Medida necesaria
El director del Ocec de la U. Diego Portales (UDP), Juan Bravo, comentó que la medida es necesaria “ante el complejo escenario del mercado laboral, marcado no solo por la elevada tasa de desempleo, sino también por la destrucción anual de más de 145 mil empleos asalariados formales en el sector privado, que ya acumula 7 caídas consecutivas y el desplome anual de más de 156 mil empleos asalariados formales en las mipymes en el último año, anotando 13 caídas consecutivas”.
El economista advierte que aunque se toman “ciertos resguardos”, como no otorgar el beneficio a quienes hayan recontratado a trabajadores despedidos recientemente, aun así las empresas podrían despedir a un trabajador actual y contratar a uno nuevo para recibir la bonificación.
“Ese es un problema generalizado de estos mecanismos y, por lo mismo, los incentivos fiscales al empleo deben condicionarse a un incremento neto de la dotación formal respecto de un período de referencia. Para que este criterio se pueda implementar adecuadamente, evitando una sobrecarga administrativa, es necesario que los mecanismos para verificar el cumplimiento de requisitos sean expeditos, idealmente a través de la integración de los sistemas de información”, añadió.
Ana Velásquez, socia de Eguiguren Abogados, señaló que la bonificación se trata de un “alivio muy acotado y transitorio”; no de una solución de fondo.
“Los cupos disponibles son una fracción menor frente a la cantidad de personas desempleadas en el país, el beneficio dura solo cuatro meses y no hay garantía de que los empleos se mantengan una vez terminado el subsidio. Es una señal de apoyo puntual, pero no un cambio que por sí solo vaya a revertir la crisis de empleo que enfrenta Chile”, advierte.
Cristián Aguayo, socio de AEM, apuntó a que el diseño del beneficio tiene “un límite evidente”.
“La bonificación se paga por un máximo de cuatro meses y, desde el punto de vista jurídico, no existe ningún mecanismo que obligue a la empresa a mantener el puesto una vez que termina el beneficio. Si esto no viene acompañado de condiciones de fondo, como crecimiento, inversión y certeza regulatoria, corremos el riesgo de ver un repunte transitorio de contrataciones en septiembre y octubre, y una nueva ola de términos de contrato en el verano, cuando se acabe el incentivo”, alertó.
Fuente: El Mercurio – Cuerpo B
